Durante los veinte meses comprendidos entre mayo de 1793 y diciembre de 1794, el gobierno revolucionario de la nueva República Francesa probó casi todos los experimentos de control de precios y salarios que se hubieran intentado antes.
A principios de 1793, Francia se encontraba asediada por todas las potencias de Europa y bloqueada por la flota británica. En el frente interno, su moneda caía rápidamente de valor y la inflacion era desenfrenada. Por otro lado, Francia era el país agrícola más rico de Europa, y la cosecha de 1793 iba a ser particularmente abundante.
Su problema alimentario ese año, no era de producción sino de distribución. Una serie constante de decretos y regulaciones, cada una a destinada a remediar los defectos de la anterior, tuvieron el efecto de llevar al granero de Europa al borde de las hambrunas.
LA LEY DE MÁXIMA
La primera de estas leyes dirigida a mantener los precios bajos, fue aprobada por el Comité de Seguridad Pública el 3 de mayo de 1793, junto con un impuesto progresivo a los ricos y una ley de préstamos forzosos. La primera Ley de Máxima, como fue denominada, establecía que el precio de los granos y la harina en cada distrito de Francia debía ser el promedio de los precios de mercados locales vigentes entre enero y mayo de 1793. Además, los agricultores debían aceptar en pago los assignats de papel a su valor nominal, tal como si fuera moneda acuñada.
Naturalmente, muchos agricultores no llevaron su producción al mercado ya que no podían pedir un precio adecuado por su producto en momentos de creciente inflación. Varios levantamientos populares ocurrieron en distintos departamentos y para agosto de ese año, la ley de mayo era generalmente considerada como letra muerta.
El 11 de septiembre de 1793, un nuevo plan, que podría llamarse Fase II, fue adoptado por la Convención Nacional: se estableció un precio uniforme para una larga lista de productos en todo el país, pero teniendo en cuenta el costo del transporte. Este plan, también, fue rápidamente descartado y fue reemplazado por la ley del 29 de septiembre (Fase III). El nuevo sistema preveía que los precios debían ser fijados al nivel local de 1790 más un tercio.
En poco más de un mes, se vio que este plan también era un fracaso, por lo que fue dictada una nueva Ley el 1° de noviembre (Fase IV). Este último intento de regular los precios fue más complicado que las fases anteriores. Los precios debían basarse en aquellos de 1790 en el lugar de producción, más un tercio, más un tanto por legua por el transporte más 5% para el mayorista y 10% para el minorista. A los gobiernos locales se les dio el derecho de obligar a los agricultores a llevar su grano a los mercados y a venderlo al precio fijado. Mediante el uso de la policía y el ejército, se transportaron físicamente a suficientes agricultores (con sus granos) a los mercados para permitir que el pueblo francés sobreviviera los últimos meses de 1793 y los primeros de 1794.
El esquema reformado de controles de precios fue, por supuesto, no más exitosos que los intentos previos. Un experto ha explicado suscintamente por qué:
«Este esquema, juzgado desde el punto de vista de la experiencia moderna, tuvo dos aspectos erróneos. El primero fue que no llegaba a garantizar al agricultor una ganancia razonable que lo alentara a aumentar la superficie cultivada y la obtención de cosechas mayores. Si sus laboreos se reducían y sus cosechas eran menores, ninguna dosis de energía insistiendo en una distribución justa del producto impediría que la gente sufriera hambre. El esquema no solo falló en incentivar al agricultor, sino que lo amenazó con la ruina. Sus gastos en herramientas, animales de tiro y jornales crecían constantemente pero sus ganancias se reducían, con la perspectiva de mayores pérdidas en cada mes subsiguiente.
El segundo traspié fue el anverso a éste: fue suponer que podía utilizarse exitosamente la fuerza con el principal grupo de productores que tenía el país. Los agentes utilizados para aplicar la fuerza, cuando se alcanzaban los últimos eslabones de la cadena autoritaria, eran los mismos agricultores, ya que los funcionarios comunales eran agricultores o dependiente de ellos».
Un gran mercado negro surgió en toda Francia en respuesta a los repetidos intentos gubernamentales de controlar los precios de los alimentos. La manteca, los huevos y las carnes, en especial, eran vendidos en pequeñas cantidades puerta a puerta, principalmente a los ricos. Era imposible controlar este contrabando y el efecto neto fue asegurar que los más ricos tuvieran alimentos más que suficientes mientras que los pobres eran abandonados a sufrir hambre. En otras palabras, los resultados reales de la Ley de Máxima fueron exactamente los contrarios a los buscados.
EL FRACASO DE LOS CONTROLES
Una mujer inglesa, residente en Amiens, escribió que «destacamentos de dragones son obligados a recorrer el país para preservarnos de la hambruna». En el verano de 1794, llegaban demandas de todo el país para derogar inmediatamente la ley. En algunos pueblos del sur la gente estaba tan mal alimentada, que se desmayaba en las calles por falta de nutrición. El Departamento del Norte se quejó amargamente y con precisión francesa, de que sus escaseces comenzaron justo después de la aprobación de la ahora odiada Ley de Máxima. Se escribió a la Convención de París:
«Anteriormente, nuestros mercados estaban aprovisionados, pero en cuanto fijamos el precio del trigo y el centeno no vimos más esos granos. Las otras mercaderías no sujetas al máximo eran las únicas que traían. Los diputados de la Convención nos ordenaron fijar un máximo a todos los granos. Obedecemos y luego todos los granos desaparecieron de los mercados. ¿Cuál es la conclusión? La siguiente: que el establecimiento de un máximo trae hambre en el medio de la abundancia ¿Cuál es el remedio? Abolir el máximo».
Los intentos de la República Francesa de controlar los precios de los alimentos estaban claramente destinados al fracaso: muchas áreas de Francia no esperaron que el gobierno nacional actuara sino que drogaron la odiada ley por voto popular. Finalmente, en diciembre de 1794, los extremistas en la Convención fueron derrotados y la ley de control de precios fue oficialmente derogada. Cuando Robespierrey sus colegas eran llevados por las calles de París en su camino a ser ejecutados, las turbas se mofaban en su último insulto: «¡Ahí va el sucio Máximo!».
(del libro » 4.000 años de controles de precios y salarios. Cómo NO combatir la inflación » de Robert Schuettinger y Eamonn F. Buttler)
Economía, contabilidad y marketing 