En la práctica, la resolución 1 publicada el viernes, que lleva la firma de Juan Garade, titular del área, recorta los ingresos del segmento de generación, un negocio liderado por Pampa Energía, Central Puerto, Enel, AES, Albanesi y Orazul, entre otras.
La norma establece, como medida más saliente, una reducción de los cargos por potencia disponible de las centrales que cobran las empresas. El impacto sobre las empresas es disímil y depende de la antigüedad y eficiencia del parque tecnológico instalado por cada una. Las más perjudicadas son las que poseen centrales equipadas con máquinas menos eficientes que no son despachadas de forma regular.
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